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Cumplimiento Penal
Dentro del compromiso asumido por CAJA RURALDE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. en relación al cumplimiento de la normativa vigente, nacional e internacional, cobran especial importancia las medidas implantadas por la Entidad, tendentes a evitar la comisión, por empleados y directivos, de conductas delictivas tipificadas en la legislación penal.
Dando un paso más en esta tarea de alinear la actividad desarrollada por CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. con los requerimientos normativos, se ha considerado conveniente implantar en la entidad un Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal (SGCP) que no sólo contemple los requerimientos exigidos por la legislación penal sino también por lo dispuesto en la Norma UNE 19601 relativa a Sistemas de Gestión de CompliancePenal.
De conformidad con la Norma UNE 19601, el Consejo Rector de CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. ha aprobado una Política de Cumplimiento Penal cuyos principios fundamentales son los siguientes:
- Actuar conforme a las leyes y normas vigentes, así como al Código de Conducta, a los principios de actuación y a las políticas y procedimientos internos desarrollados.
- Promover una cultura de cumplimiento y de “tolerancia cero” a la comisión de actos ilícitos o fraudulentos, así como la aplicación de los principios de ética y comportamiento responsable.
- Dotar al SGCP y al Órgano de Cumplimiento Penal de los recursos financieros, materiales y humanos adecuados y suficientes para su funcionamiento eficaz.
- Definir y revisar la consecución de los objetivos de cumplimiento penal.
- Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos, analizar los riesgos y controles asociados a los mismos y definir un plan de tratamiento de riesgos, que incluya controles eficaces, permanentes y actualizados.
- Establecer políticas y procedimientos internos dirigidos a evitar que las personas bajo el ámbito de aplicación de la Política puedan ostentar facultades de decisión no sometidas a control.
- Asegurar la autoridad e independencia del Órgano de Cumplimiento Penal de la Entidad.
- Proporcionar apoyo formativo continuo a las personas bajo el ámbito de aplicación de la Política.
- Transmitir la responsabilidad de las personas físicas o jurídicas bajo el ámbito de aplicación de la presente Política respecto a la vigilancia de conductas potencialmente ilícitas desde la perspectiva penal a la Alta Dirección de la Entidad, en relación a los empleados bajo su responsabilidad, sobre posibles comportamientos ilícitos penales y procesos de detección y reporte establecidos.
- Garantizar la confidencialidad y protección del denunciante, con el fin de favorecer las comunicaciones de hechos o conductas sospechosas relativas a riesgos penales, a través del Canal Ético establecido en la Entidad a tal efecto.
- Investigar a la mayor brevedad los hechos o conductas sospechosas comunicadas al Órgano de Cumplimiento Normativo, garantizando los derechos, en todo caso, tanto del denunciante como del/los denunciado/s.
- Aplicar el régimen disciplinario ante incumplimientos internos vinculados a posibles ilícitos penales en atención a la normativa interna y legal de aplicación, así como en relación a su SGCP y a su correspondiente Política.
- Comprometerse con la mejora continua del SGCP a través de la supervisión y seguimiento del mismo.
- Establecer la obligatoriedad para todos los empleados de la Entidad, de informar sobre hechos o conductas sospechosas relativas a posibles riesgos penales, a través del Canal Ético establecido en la Entidad a tal efecto.
Para cualquier comentario sobre la información suministrada en este documento o para comunicar la posible comisión de conductas que pudieran resultar constitutivas de un delito, contacte con nosotros en la siguiente dirección:
denuncias.ncarteya@cajarural.com
A estos efectos, ponemos a su disposición el formulario de denuncia adjunto.
Sistema Interno de Información
Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre irregularidades o infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se hace necesario desarrollar una Política y un Procedimiento del SII en cumplimiento de las exigencias legales vigentes.